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Libertad Religiosa

4. La libertad religiosa en México a través de sus constituciones

 

La intolerancia como sistema

El México colonial estuvo marcado, en materia religiosa, por el reconocimiento de la Iglesia Católica como religión del estado con exclusión de cualquier otra expresión religiosa. Ésta era, por lo demás, la práctica acostumbrada en los estados de Europa después de que la Reforma Protestante se impuso como un hecho irreversible al terminar la Guerra de los 30 Años. Se aplicó entonces el principio “Cuius regio eius et religio” (los súbditos deben practicar la religión del gobernante). De esta manera, según la mentalidad de aquel tiempo, España (y sus colonias) era y tenía que ser católica, Inglaterra anglicana, Suecia luterana, Rusia ortodoxa, etc. En cada país, la disidencia religiosa no se toleraba o quedaba reducida a grupos minoritarios marginados y más o menos hostigados.

 La situación en México

En México, como en el resto de las posesiones españolas de ultramar, el sistema legal que regulaba las relaciones Iglesia-Estado era el Patronato Regio, el cual convertía automáticamente la cuestión religiosa en una cuestión de estado, haciendo, entre otras cosas que la unidad religiosa se considerara un elemento indispensable para la unidad política y para la seguridad del Imperio. Todavía en plena guerra de Independencia de México, a pesar de que en ésta habían influido ideas liberales que incluían la tolerancia religiosa como una de sus propuestas, los mexicanos conservaban la idea de un catolicismo nacional, y los caudillos insurgentes así lo proclamaban. En 1811, Ignacio López Rayón redactó los elementos constitucionales que se deseaban para la nueva república, los cuales comenzaban diciendo: “La religión católica será la única sin tolerancia de ninguna otra”.

En 1812 se juró en Cádiz la Constitución política de la monarquía española, jurada también en la Nueva España en el mismo año. Esta constitución, a pesar de haber nacido bajo un signo decididamente liberal siguió considerando como religión única la católica, apostólica, romana y cada año se les hacía jurar a los diputados “defender y conservar la religión católica, apostólica, romana sin admitir otra alguna en el reino”. Morelos, en sus Sentimientos a la Nación, proclamados en 1813, el Congreso de Anáhuac, establecido en Chilpancingo en el mismo año, y el Congreso de Apatzingán, de 1814, repetían la misma exclusividad de la religión católica y la intolerancia de cualquier otra.

Como se ve, todas las posturas del estado mexicano con relación a la Iglesia y a la religión, previstas en las legislaciones posteriores a 1812, tenían como fundamento la línea religiosa de la Constitución de Cádiz de ese año. Los juramentos y las cuestiones a las que debían responder las autoridades al tomar posesión de su cargo, eran muy similares.

En el México independiente siguieron en la misma tónica respecto a la religión el Plan de Iguala, firmado por Iturbide y Guerrero en 1821,  los Tratados de Córdoba, el segundo Congreso mexicano instalado en 1822 y el Reglamento provisional político del Imperio mexicano. No hay que creer, sin embargo, que esta protección a la Iglesia y a la religión católicas se daba por un sincero fervor religioso, que en algunos parlamentarios no faltaría, por supuesto. Se daba más bien con una intención marcadamente regalista, en la línea del patronato Regio, que ya había desaparecido al cortarse los vínculos de las colonias americanas con el rey de España, pero que los nuevos gobiernos deseaban ardientemente retomar.

Intento de continuar con el Patronato

La negativa de la Iglesia, tanto en Roma como en México, pero sobre todo en México, a permitir que el derecho de Patronato se transmitiera de los reyes de España a los gobernantes mexicanos, junto con la imprecisión del nuevo tipo de relaciones Iglesia-Estado en México, está en el origen de los conflictos que se suscitaron entre la Iglesia y los conservadores por un lado y los liberales por el otro. En efecto, la Iglesia, por un lado, no quería seguir bajo el régimen opresor del Patronato, pero sí quería seguir viviendo bajo un régimen de excepción que le favorecía (fuero eclesiástico, administración exclusiva de ciertos actos religiosos con efectos civiles, como el matrimonio, financiamiento por parte del estado, etc.), y por otra parte los liberales, en línea histórica con la tendencia de los estados nacionales a sacudirse toda presencia en su ámbito de poderes nacionales o internacionales que hiciera contrapeso al poder absoluto del estado y de su gobierno, tampoco podían admitir una Iglesia que significara una disminución de dicha autoridad absoluta del estado. Pugnaban, pues, por una Iglesia todo lo fuerte que se quisiera, pero en un estado todavía más fuerte, es decir, una Iglesia subordinada al Estado, si no en el dogma sí en la administración.

En otras palabras, la Iglesia podía gozar de todos los privilegios que quisiera mientras fuera el estado el que se hiciera cargo de su régimen: nombramiento de cargos, establecimiento de parroquias, dirección de las misiones, etc., es decir, todo bajo su control. Esto fue posible en los estados protestantes, por ejemplo en Inglaterra desde Enrique VIII, quien separó a la Iglesia de la obediencia de Roma para constituirse él mismo como autoridad suprema de la Iglesia en su país. Lo mismo pasó con los estados de confesión luterana, de acuerdo con la praxis del mismo Lutero, que había puesto las riendas “externas”, es decir la administración de la Iglesia en manos de los príncipes.

En los países católicos, sin embargo, tal cosa no se logró, o se logró sólo en parte, debido a la subordinación de las iglesias nacionales a un gobierno central, el papado, con un peso histórico muy fuerte. Es cierto que en España el Patronato ponía la administración de la Iglesia en manos del Estado y aunque éste extendió  las facultades propiamente patronales a otras medidas extrapatronales y aun abusivas, Roma siempre dejó en claro que eran concesiones del Papa y no derechos originales del monarca. Y cuando reyes católicos, como Luis XIV, pretendieron establecer una Iglesia nacional galicana, a imitación de la anglicana, Roma se defendió con todas sus fuerzas. Sólo con un cisma, como el de Inglaterra hubiera  conseguido Francia ese propósito, pero el rey, a pesar de su absolutismo, no se atrevió a tanto.

Volviendo a México, vemos que la primera constitución, promulgada en 1824 por el Congreso Federal, retomó la misma tónica de las incipientes legislaciones del México independiente: “La religión de la nación mexicana es y será  perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Inspiradas en ella, las constituciones de los estados repitieron la misma resolución.

La religión en las constituciones de Chihuahua

La primera Constitución Política del estado Libre y Soberano de Chihuahua, promulgada el 7 de diciembre de 1825, comienza “En el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de las sociedades”. Y en su artículo 51 establece la consabida fórmula: “La religión del Estado, y que éste protege, es la católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna”. El 22 de julio de 1834, el Congreso del Estado adopta para Chihuahua el Plan de Cuernavaca, proclamado el 25 de mayo de 1934, que mantiene para la nación la misma disposición en materia de religión. La 2ª constitución local, promulgada el 16 de septiembre de 1848, repite tanto la invocación trinitaria como la afirmación del catolicismo como religión del Estado. La 3ª constitución, promulgada el 31 de mayo de 1858, en plena Guerra de Tres Años y apenas promulgada la constitución liberal de 1857, ya no contiene, obviamente, la disposición sobre la exclusividad de la religión católica y comienza con un más sencillo “En el nombre de Dios, Autor y Supremo Legislador de las sociedades,,,”, más compatible con la mentalidad masónica con la que redactaron se estas constituciones, tanto la federal como la estatal. A partir de la Constitución local de 1887 ya no aparece ninguna alusión ni a Dios ni a la religión católica.

Los gobiernos liberales y la Masonería

Con la aparición de las logias masónicas en el escenario político mexicano poco después de la consumación de la Independencia, y su creciente predominio en años sucesivos, la tendencia de los gobiernos, influenciados por ellas, fue la de someter a la Iglesia católica al estado, hasta el grado de intentar la fundación de una iglesia católica nacional desligada de Roma. Al fracasar en este intento, que habría de retomarse en tiempos de Obregón y Calles, los gobiernos liberales del siglo XIX concentraron sus esfuerzos en debilitar a la Iglesia. Una de las medidas para tal efecto fue la de favorecer la entrada y desarrollo en el país de diversas denominaciones protestantes procedentes de Estados Unidos.

El primer proyecto institucional de peso que se llevó a cabo para contrarrestar la fuerza de la Iglesia se dio bajo la primera vicepresidencia de Gómez Farías (1833-1834). El gobierno de Gómez Farías reclamó unilateralmente el derecho de Patronato atribuyéndose la facultad de aprobar los nombramientos eclesiásticos y la entrada en México de los documentos pontificios, entre otras medidas.

Con el triunfo de los liberales radicales a partir del Plan de Ayutla (1854) los gobiernos que se sucedieron fueron aplicando cada vez con más resolución las medidas tendientes a neutralizar a la Iglesia. El propósito de los liberales fue redactar una nueva constitución que cristalizara su visión de la vida nacional, entre otras cosas, en el campo religioso. Mientras tanto, se fueron promulgando una serie de leyes que limitaban la acción de la Iglesia católica, conocidas como “Leyes de Reforma”, promulgadas entre 1855 y 1861, que quedaron incorporadas a la Constitución en 1873. Para nuestro propósito baste citar la Ley de Libertad de Cultos, decretada el 4 de diciembre de 1860.

El 5 de febrero de 1857 el Congreso federal elaboró la nueva Constitución. Esta Carta magna estableció en el artículo 3° la libertad de enseñanza; en el 5° la supresión de los votos de las órdenes religiosas, con lo cual éstas quedaban condenadas a la extinción; en el 13° se suprimió el fuero eclesiástico; en el 27 se negó a las corporaciones civiles y eclesiásticas la capacidad de poseer bienes raíces; y con el 123 puso en manos de los poderes federales la facultad de intervenir en materia de culto religioso y disciplina externa de la Iglesia, como una especie de ejercicio unilateral de patronato.

Todas las medidas mencionadas no se llevaron a cabo sin la protesta y aun la sublevación de los sectores afectados, entre los cuales estaba no sólo el clero sino amplios sectores de la población mexicana. El mismo presidente Comonfort, que promulgó la Constitución, la desconoció mediante el Plan de Tacubaya, obra de liberales moderados, apenas once meses después de su promulgación. La renuncia de Comonfort dio lugar a la toma de la capital por parte de los conservadores, quedando como presidente interino el general Félix Zuloaga. Sin embargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, reclamó también la presidencia, lo cual dio lugar a la llamada Guerra de los Tres Años.

Aun antes de ganar la guerra, Juárez comenzó a dictar leyes, algunas de las cuales tenían que ver con la cuestión religiosa. Son las Leyes de Reforma de 1859. Melchor Ocampo, ministro de Relaciones y Guerra de Juárez y con la anuencia de éste, favoreció la formación de una “Iglesia Mexicana” independiente de Roma, así como la entrada y actividad en el país de las primeras iglesias protestantes. La investigación aportada por Jean Pierre Bastian nos hace ver, sin embargo, que estas iglesias ya habían comenzado a infiltrarse en el país con el apoyo de los masones y de empresarios ingleses y norteamericanos. Con el triunfo de Juárez se retoman las leyes anticatólicas de Veracruz de 1859 y se promulgaron otras más en 1860.

En el Segundo Imperio

El gobierno monárquico de Maximiliano se mostró afín al de los liberales en materia religiosa y sostuvo las Leyes de Reforma, entre ellas la de libertad de cultos. Caído Maximiliano, volvió a gobernar Juárez, quien puso nuevamente en vigencia la Constitución de 1857. Muerto Juárez, ocupó la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Durante su mandato (1872-1876) se endurecieron todavía más las medidas legales contra la Iglesia católica. Se incorporaron las Leyes de Reforma a la Constitución, se prohibieron las órdenes religiosas, se expulsó a los pocos religiosos que quedaban en el país y se prohibió todo acto de culto fuera de los templos, al mismo tiempo que continuó con el apoyo a las sociedades misioneras protestantes para que actuaran libremente en territorio mexicano.

En el Porfiriato

En materia religiosa, el largo gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó en que mantuvo las leyes restrictivas de la Constitución del 57, pero procuró usarlas como una advertencia, más que aplicarlas drásticamente. Don Porfirio quería asegurar un clima de paz social que favoreciera el desarrollo económico, para lo cual, en lo político, caracterizado por el absolutismo, apretaba o aflojaba donde quería según sus designios. La Iglesia católica y también las denominaciones protestantes, aprovecharon esa relativa paz social para recuperarse, la primera, después de la dura represión de que había sido objeto en el periodo anterior y las segundas para consolidar su presencia en el país después de sus inicios en ese mismo periodo.

La Constitución de 1917

Al declinar el periodo revolucionario, que a diferencia de su inicio pronto tomó un rumbo decididamente antirreligioso y en especial anticatólico, se promulgó el 5 de febrero de 1917 la nueva Constitución. Ésta retomó básicamente los artículos en materia de religión que estaban en la Constitución de 1857, dándoles un toque más radical. Tales fueron los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130. Lo más relevante de estas disposiciones constitucionales era que privaban a las iglesias de toda personalidad jurídica, es decir, que para efectos civiles, no existían. Aunque estos artículos iban dirigidos en primer lugar contra la Iglesia católica, la verdad es que afectaban a todas las iglesias, aunque su impacto en ellas fuera menor por sus pequeñas dimensiones y porque sus miembros y sus líderes eran más afines con la ideología liberal y masónica de la Revolución, incluso colaboraban más activamente con los gobiernos revolucionarios.

La aplicación drástica de los artículos constitucionales en materia de religión hecha por el presidente Calles provocó un conflicto con los católicos que dio origen a la Guerra Cristera y a graves medidas persecutorias contra la Iglesia católica, que de refilón también afectaron a los otros cristianos aunque en menor medida. Los llamados “Arreglos” de 1929 entre el episcopado y el gobierno trajeron una paz aparente que tuvo como resultado inmediato más visible la terminación de alzamiento cristero, pero no solucionaron a fondo el problema ya que la situación legal de la Iglesia seguía igual. De hecho la actitud hostil del gobierno se recrudeció en la década de los treinta con el presidente Lázaro Cárdenas y con algunos gobiernos estatales, como fue el caso de Chihuahua con el general Rodrigo M. Quevedo.

La distensión y la situación actual

Con la subida a la presidencia del general Manuel Ávila Camacho, se inició un periodo de relativo entendimiento que se caracterizó por la no aplicación de las leyes antirreligiosas, aunque sin modificar la Constitución. No fue sino hasta la presidencia de Carlos Salinas de Gortari cuando éste se decidió a modificar la Constitución en materia religiosa con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada el 13 de julio de 1992, lo que llevó principalmente a reconocer la personalidad jurídica de todas las iglesias mediante su registro en la Secretaría de Gobernación, y al establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano.

Fecha de actualización 13/02/2015 12:42